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El Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen iraní ofreció el lunes, su primera declaración oficial sobre el intento de asesinato contra Salman Rushdie, negando al mismo tiempo cualquier responsabilidad en el mismo, y afirmando que estaba totalmente justificado. Desde 1989, el autor ha sido objeto de una fatwa emitida por el fundador del régimen, Ruhollah Jomeini, en la que se le tildaba de apóstata, enemigo de Dios, y se pedía su muerte.

El viernes, Rushdie fue apuñalado repetidamente tras subir al escenario de un acto literario, en el oeste de Nueva York, donde tenía previsto pronunciar un discurso. Muchos informes iniciales sobre el ataque, afirmaban que no estaba claro el motivo, mientras que otros mencionaban la larga incitación del régimen iraní contra Rushdie, como la explicación más probable. Por otra parte, muchos informes también afirmaban que el régimen se había distanciado de la fatwa de Jomeini en los últimos años, aunque la exactitud de esta afirmación es cuestionable.

En 2005, el sucesor de Jomeini, Alí Jamenei, que sigue ostentando el liderazgo supremo en la actualidad, reafirmó el contenido de la fatwa, señalando que el asesinato de Rushdie estaría religiosamente justificado, de acuerdo con la interpretación oficial y fundamentalista de la ley islámica del régimen. En 2014, uno de los asesores cercanos de Jamenei y miembro del poderoso órgano clerical conocido como Asamblea de Expertos, Ahmad Jatamí, dijo en una reunión de la oración del viernes en Teherán: "Esta fatwa está todavía fresca entre los musulmanes, y muchos creyentes están buscando una oportunidad para aplicar la orden del Imán."

Incluso, se han registrado las referencias más recientes a dicha fatwa en los medios de comunicación estatales iraníes, los cuáles por supuesto apoyan al régimen. En algunos casos, esas referencias han vinculado la amenaza de muerte oficial y permanente contra Salman Rushdie, con amenazas menos oficiales, pero tal vez igualmente destacadas, contra legisladores occidentales, partidarios del movimiento de resistencia prodemocrática de Irán, y otras amenazas percibidas para el control del poder, por parte de la dictadura clerical.

El 31 de diciembre de 2020, el periódico estatal Hamshahri, publicó unas declaraciones del jefe de la división de operaciones especiales en el extranjero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds, en las que amenazaba a miembros de la antigua administración estadounidense, por el ataque operado con drones, que mató a su predecesor, el pasado mes de enero. Los objetivos de esa amenaza, dijo Esmail Qaani, "deberían aprender a vivir en secreto como Salman Rushdie, porque la República Islámica vengará la muerte de Qassem Soleimani".

La actividad en las redes sociales del atacante, Hadi Matar, quien es de origen libanés, incluía contenidos que alababan al CGRI, cuyas actividades en su país fueron el antecedente a la aparición del grupo terrorista Hezbolá. Su detención se produjo apenas dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara detalles de su caso, contra un agente del CGRI llamado Shahram Poursafi, que aparentemente ha pasado varios meses intentando reclutar activos dentro de Estados Unidos para asesinar al ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, como parte de una trama de venganza más amplia, relacionada con el asesinato de Soleimani.

En un artículo de opinión publicado por Fox News, James Phillips, de la Fundación Heritage, argumentó que la información recién publicada sobre el complot contra Bolton, era una prueba de que el régimen iraní supone una "amenaza letal" para Estados Unidos y sus aliados, a la que hay que hacer frente. Posteriormente, Rishi Sunak, uno de los dos candidatos a primer ministro del Reino Unido, describió el ataque de Rushdie como una "llamada de atención para Occidente", en relación con las amenazas terroristas iraníes, y su relevancia para las tensas negociaciones, que pretenden restablecer el acuerdo nuclear iraní de 2015.

Mientras que Phillips pidió explícitamente que se pusiera fin a esas conversaciones, y que se volviera a ejercer la "máxima presión" sobre el régimen iraní, Sunak destacó el valor potencial de seguir el ejemplo de Estados Unidos, etiquetando formalmente al CGRI como organización terrorista y aumentando las sanciones contra él en consecuencia.

Aunque el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen, Nasser Kanani, insistió en que Teherán "niega categóricamente" cualquier conexión con el posible asesino, y que "nadie tiene derecho a acusar a la República Islámica de Irán", también rechazó la idea de condenar al atacante o al atentado mismo.

Clerical Regime Welcomed and Promoted the Attack on Salman Rushdie Based on Khomeini and Khamenei’s Fatwa #Iran #SalmanRushdie https://t.co/cUzyLycxP6

— NCRI-FAC (@iran_policy) August 16, 2022

"No consideramos que nadie merezca un reproche, una culpa o incluso una condena, excepto el propio (Rushdie) y sus partidarios" dijo Kanani, antes de afirmar que la supuesta blasfemia del autor era un "insulto contra los seguidores de todas las religiones", que había enfurecido a "millones de personas en países árabes, islámicos y no islámicos".

Kanani justificó abiertamente el intento de asesinato de Rushdie, afirmando que se había "expuesto a la ira y la furia popular, al insultar el carácter sagrado del Islam".

Algunos medios de comunicación estatales, fueron incluso más directos con sus justificaciones y sus elogios a Hadi Matar. El periódico estatal Kayhan, por ejemplo, se ofreció a "besar las manos de quien desgarró el cuello del enemigo de Dios con un cuchillo". Al aplicar esa etiqueta a Rushdie, Kayhan recordó los delitos religiosos vagamente definidos por los que los críticos del régimen iraní pueden ser procesados, e incluso condenados a muerte dentro de Irán.

En 1988, Ruhollah Jomeini utilizó el término "enemistad con Dios", en una fatwa en la que pedía la muerte de todos los críticos de este tipo, de quienes se supiera o sospechara eran miembros del principal grupo de oposición prodemocrática, la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI/MEK). En consecuencia, en el verano de ese año, las "comisiones de la muerte" interrogaron a los presos políticos de todo el país, y ordenaron la ejecución de más de 30.000. En los últimos años, algunos juristas internacionales se han unido al MEK, para pedir que se investiguen esas ejecuciones masivas, como un caso de genocidio contra la principal oposición.