El poder judicial de Irán pone en peligro la vida de los presos políticos infectados con covid-19, al privarlos deliberadamente de tratamiento
Con el resurgimiento de la COVID-19 en Irán, también ha aumentado el número de presos que padecen esta enfermedad.
Muchos presos políticos infectados con COVID-19 se ven privados de un tratamiento adecuado
Las condiciones deficientes e insalubres de las prisiones, la falta de instalaciones médicas y de salud, así como la sobrepoblación de las prisiones, han contribuido a la propagación de la enfermedad infecciosa.
Además de esto, los funcionarios penitenciarios no han tomado medidas efectivas para abordar este problema, y aún deben tomar medidas preventivas en el caso de los reclusos no infectados.
Negar deliberadamente a los presos el acceso al tratamiento pone en peligro sus vidas
Numerosos informes de diferentes prisiones en Irán indican que los funcionarios penitenciarios, impiden el tratamiento inmediato de los reclusos positivos a COVID-19, lo que incluye no proporcionar los medicamentos necesarios o entregarlos con retraso.
En el pabellón de mujeres de la prisión Evin de Teherán, varias presas de carácter político, tienen síntomas de COVID-19, pero las autoridades penitenciarias se niegan a hacerles la prueba y no han asignado un lugar para poner en cuarentena a las reclusas enfermas.
Los funcionarios de salud solo evaluaron a las primeras personas que tenían COVID-19, y anunciaron que se abstendrán de realizar pruebas a otros presos, debido a la similitud de los síntomas.
Recientemente se han publicado informes sobre las malas condiciones en la prisión de Evin, y la infección de varios presos políticos y no políticos, en la tristemente célebre prisión de Teherán.
Los protocolos de salud, incluida la cuarentena y el aislamiento, no se han implementado en la prisión para evitar la propagación de la infección, mientras que los enfermos se han visto privados del tratamiento médico adecuado.
Los informes de otras prisiones, incluidas Tankabon, Bushehr, Urmia, Sheiban, Ahvaz y Qarchak, en Varamin, indican que un gran número de presos se han infectado con el virus.
Se informa que las condiciones de todas estas prisiones son deficientes, tanto en términos de salud como densidad de población. Estas prisiones carecen de cuarentena y no segregan a los presos que padecen enfermedades infecciosas.
Presos políticos y activistas contraen Coronavirus
En las últimas semanas, la infección de varios presos políticos y activistas por el virus, ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. Los presos con condiciones médicas preexistentes están en mayor riesgo.
Además de todas las demás enfermedades que sufre Fatemeh Mosanna, este se contagió de Coronavirus. Está en una condición física inferior y sufre de gastroenteritis viral (gripe estomacal). Al contraer el virus, su vida corre gran peligro.
Una fuente informada dijo que las autoridades penitenciarias no trataron a Fatemeh Mosanna por el coronavirus, y que corría el riesgo de perder la vida en cualquier momento.
Según esta fuente, “antes que Fatemeh Mosanna contrajera el virus, se sometía a una terapia de suero para ayudarla a controlar sus enfermedades médicas y físicas. Tiene hemorragia interna y excreta sangre. Ahora que se contagió de coronavirus, puede perder la vida en prisión”.
Fatemeh Mosanna se ve obligada a permanecer en prisión a pesar de que los médicos le diagnostican trastornos gastrointestinales, y afirman que no puede tolerar las condiciones de la prisión. El Ministerio de la Magistratura y de Inteligencia del régimen impide su liberación.
Disidentes encarcelados, activistas laborales, defensores de los derechos humanos y abogados se encuentran entre los infectados con el virus en las últimas semanas.
Amirsalar Davoudi, recluido en el Pabellón 4 de la Sección 2, en la prisión de Evin, sufrió fiebre y dolores corporales durante al menos tres días a partir del 4 de agosto, pero no se le hizo una prueba de COVID-19, ni recibió algún tratamiento médico.
Esmail Gerami, miembro de la junta del Consejo de Pensionistas de Irán, quien tiene 68 años de edad y cumple una condena de cuatro años de prisión, contrajo COVID-19 mientras estaba detenido en Evin, pero se le negó el tratamiento adecuado.
El cineasta y activista Jafar Panahi fue llevado al hospital el 7 de agosto, para recibir tratamiento médico por COVID-19, pero fue devuelto a la prisión de Evin sin haberlo recibido.
La noticia de la infección de Panahi con COVID-19 se publicó el 6 de agosto, más de tres semanas después de su arresto.
En un archivo de audio de la prisión, Panahi dijo que luego de dar positivo por coronavirus, fue trasladado a la "habitación de pacientes", para pasar su enfermedad, y la encontró "arruinada".
La activista laboral Asal Mohammadi, así como Samin Ehsani, una mujer bahá'í y activista por los derechos de los niños, contrajeron el coronavirus en la prisión de Evin. Después de ser transferidas a la cuarentena de Evin, a las reclusas se les niega el acceso a tratamiento alguno o atención médica básica.
A estos presos no se les ha dado ningún medicamento desde que contrajeron el Coronavirus. Las autoridades penitenciarias han entregado las recetas de los presos a sus familias, exigiéndoles que compren los medicamentos necesarios.
A los reclusos se les es negado deliberadamente el acceso al tratamiento
Privar a los presos, específicamente a los presos políticos con condiciones médicas preexistentes, del acceso a tratamiento médico, a pesar de las advertencias del instituciones y organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, es uno de los métodos que utilizan continuamente las autoridades judiciales para presionarlos más.
Esto es mientras que la Organización de Prisiones Estatales de Irán, y el jefe judicial, que son responsables de la seguridad de todos los presos, están obligados a nivel nacional e internacional, a proporcionar un tratamiento médico adecuado a los presos.
En un estudio de abril de 2022, Amnistía Internacional informó que como mínimo, 92 hombres y cuatro mujeres en 30 prisiones de Irán, han muerto bajo custodia estatal desde enero de 2010, debido a la denegación deliberada del acceso a una atención médica adecuada.
“El escalofriante desprecio de las autoridades iraníes por la vida humana, ha convertido las prisiones de Irán en una sala de espera de la muerte para presos enfermos, donde las condiciones de tratamiento se vuelven trágicamente fatales”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Baktash Abtin, un poeta y cineasta iraní disidente, murió de COVID-19 en enero de este año en el hospital, después de que fuera negada deliberadamente la licencia de la prisión, donde se había infectado.
PEN America, un grupo de derechos humanos, apuntó en Twitter: “COVID es un asesino natural, pero la muerte de Abtin fue asistida e instigada por el gobierno iraní en cada paso del camino”.
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