Introducción

De ellos, 18 presos fueron ejecutados por cargos de asesinato, 31 por en casos relacionados con las drogas y uno por violación.

Entre los ejecutados hay dos delincuentes menores de edad y una mujer.

El alarmante número de ejecuciones en Irán ha llamado la atención de gran parte de la comunidad internacional, así como de los organismos de vigilancia de los derechos a nivel mundial, lo cuales consideran que la pena capital es cruel, degradante e inhumana.

Omid Alizehi, 21, was among 7 Baluch prisoners who were executed on Aug. 20 in #Iran. He was 16 when he was convicted.
Executions are on the rise under Ebrahim Raisi. Child offenders continue to be executed.#HumanRights pic.twitter.com/GTIN4S0FmY

— IRAN HRM (@IranHrm) August 27, 2022

Los presos, especialmente los detenidos por cargos de motivación política, se ven privados de sus derechos básicos en las cárceles. Las autoridades iraníes tienen un historial de presión sobre los activistas y disidentes encarcelados, mediante duras condiciones carcelarias, que incluyen un grave y documentado hacinamiento, limpieza y suministros higiénicos insuficientes, así como la ausencia o denegación de tratamiento médico adecuado.

Ferangis Mazloum, mother of former political prisoner Sohail Arabi, was transferred to Evin prison on the orders of #Iran's Ministry of Intelligence. She is in poor condition, suffering from heart problems, & severe leg pain that urgently needs surgery. She recently had a stroke. pic.twitter.com/08G2sHbUb9

— IRAN HRM (@IranHrm) August 3, 2022

A pesar de una nueva oleada de infecciones por COVID-19 en las cárceles iraníes, en agosto de 2022, a un número creciente de presos políticos infectados se les negó la realización de pruebas de COVID-19, así como el tratamiento adecuado.

Tras dar positivo en las pruebas de COVID-19, el cineasta Jafar Panahi fue trasladado brevemente de la prisión de Evin, a un hospital para recibir tratamiento, pero fue devuelto rápidamente a la prisión el 7 de agosto de 2022, donde permaneció incomunicado.

El abogado de derechos humanos encarcelado, Amirsalar Davoudi, recluido en el pabellón 4 de la sección 2, en la prisión de Evin, tuvo fiebre y dolores corporales durante al menos tres días a partir del 4 de agosto, pero no se le hizo la prueba de COVID-19, ni se le administró ningún tratamiento médico.

Otros presos políticos a los que se les negó el tratamiento médico, a pesar de su estado de salud crítico son Rouzbeh Piri, Narges Adib, Kasra Baniamerian, Meisam Mohammadi, Mehran Gharebaghi, Fariba Assadi, Gelareh Abbasi, Farangis Mazloum, Shapour Ehsani Rad, Ayoub Assadi, Abbas Lesani, Monireh Arabshahi, Leila Hosseinzadeh y Samaneh Saeidi.

Algunos presos iniciaron una huelga de hambre, buscando conseguir sus legítimas reivindicaciones. En un caso reciente, el activista político iraní encarcelado Behnam Mousivand, inició otra huelga de hambre para protestar por las condiciones de su detención.

Mousivand inició la huelga de hambre a finales de agosto, después de que las autoridades de la prisión de Evin le impidieran ser trasladado a un centro médico fuera de la cárcel, esto a pesar de que su estado de salud se estaba deteriorando, y el director incluso amenazó con trasladarlo a otra prisión.

También preocupa mucho el estado del activista político Mohammad Ali (Pirooz) Mansouri, a quien se le sigue negando el permiso de salida, a pesar de haber sufrido un ataque al corazón en la prisión de Rajai Shahr.

Confesiones forzadas

Los informes dicen que Sepideh Rashno, una mujer que confesó al aire haber violado la ley del hiyab del país, fue golpeada antes de hacer la declaración.

Sepideh Rashno fue trasladada a un hospital de Teherán el 5 de agosto, después de hacer la declaración para ser examinada por lesiones internas. Rashno tenía la tensión baja y tenía dificultades para moverse cuando la trasladaron al hospital. Volvió a la cárcel inmediatamente después del examen.

Rashno, escritora y artista de 28 años, fue detenida el 15 de junio, después de que se hiciera viral un vídeo, en el cual discutía con otra mujer que hacía cumplir las normas sobre el uso del pañuelo en la cabeza en un autobús de Teherán.

Degradación pública

Las fuerzas de seguridad del Estado hicieron desfilar a cuatro hombres por las calles de Teherán, degradándolos y humillándolos públicamente como forma de castigo.

La agencia de noticias estatal Tasnim, afirmó el 15 de agosto que los cuatro se encontraban entre los ocho "matones peligrosos", detenidos anteriormente en el sur de Teherán.

En los últimos meses, los medios de comunicación estatales iraníes han publicado varios vídeos y reportajes sobre la degradación pública de lugareños, acusados de "comportamiento de matón público". Los hombres desfilan en camiones de la policía, mientras las fuerzas de seguridad enmascaradas les abofetean y manosean, obligándoles a "arrepentirse" en público.

 

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han intensificado la represión contra los bahá'ís, deteniendo a una docena de personas, así como registrando hogares y negocios de muchas otras en todo Irán.

Mientras tanto, a más de 60 bahá’ís se les ha prohibido asistir a la universidad, a pesar de haber superado los exámenes nacionales de acceso, altamente competitivos, del país.

En una cruel escalada, hasta 200 fuerzas de seguridad del Estado acordonaron el pueblo de Roshankouh, en el norte de Irán, y utilizaron maquinaria pesada para demoler las casas de los bahaíes que viven en el pueblo. Destruyeron seis casas y confiscaron más de 20 hectáreas de terreno.

Un grupo de expertos en derechos de la ONU ha pedido a las autoridades iraníes que pongan fin a la persecución y el acoso de las minorías religiosas, así como a la utilización de la religión, para restringir el ejercicio de los derechos fundamentales.

"Estamos profundamente preocupados por el aumento de las detenciones arbitrarias, y en ocasiones, las desapariciones forzadas de miembros de la fe bahá'í, así como por la destrucción o confiscación de sus propiedades, en lo que tiene todos los signos de una política de persecución sistemática", afirmaron los expertos en una declaración publicada el 22 de agosto.

En una declaración del 24 de agosto, Amnistía Internacional afirmó que, desde el 31 de julio de 2022, agentes del Ministerio de Inteligencia han allanado y confiscado decenas de propiedades bahá'ís, y han detenido al menos a 30 miembros de esa comunidad por razón de su fe, en diversas ciudades de Irán. Las autoridades han sometido a muchos más a interrogatorios, y en algunos casos les han obligado a llevar tobilleras electrónicas. El Ministerio de Inteligencia anunció el 1º de agosto, que los detenidos eran "miembros principales del partido de espionaje bahá'í", que "propagaban las enseñanzas bahá'ís" y "trataban de infiltrarse en varios niveles del sector educativo de todo el país, especialmente en los jardines de infancia".

Además, al menos 18 ciudadanos resultaron heridos por fuego directo, o a consecuencia de palizas de las fuerzas gubernamentales.

Iran Human Rights Monitor hace un llamamiento al Secretario General, al Consejo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad, a la Unión Europea, y a todos los organismos de derechos humanos, para que hagan responsable al régimen gobernante en Irán, por crímenes contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.