Es hora de que Bruselas cancele su tratado de intercambio de prisioneros con Teherán
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A pesar de la indignación internacional por el tratado Teherán-Bruselas, Bélgica se niega a dar marcha atrás en su decisión errónea. Al parecer, el tratado en cuestión se negoció en marzo, pero su existencia no se reveló públicamente hasta finales de junio. El secretismo es un testimonio de la reacción que se esperaba contra un tratado que está claramente destinado a facilitar la liberación de un diplomático-terrorista iraní que estuvo muy cerca de ser responsable del peor ataque terrorista moderno en suelo europeo.
En 2018, Assadollah Assadi se desempeñaba como tercer consejero en la embajada iraní en Viena cuando contrabandeó más de 500 gramos del alto explosivo TATP y un detonador a Europa en un vuelo comercial. A continuación, condujo la bomba de fabricación iraní hasta Luxemburgo en un coche de alquiler y la entregó a dos co-conspiradores, junto con instrucciones sobre cómo utilizarla y dónde colocarla. El objetivo del complot era una reunión internacional de expatriados iraníes, así como de legisladores occidentales y expertos en política exterior, que había sido organizada cerca de París por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán.
Afortunadamente, el complot se frustró y los explosivos fueron confiscados antes de que los agentes de Assadi pudieran cruzar de Bélgica a Francia. La bomba fue entonces parcialmente detonada, y aunque se había establecido un perímetro de seguridad, un policía belga resultó herido en el lugar de los hechos. Los detalles de la potencia destructiva de la bomba se expusieron más tarde, cuando se juzgó a Assadi, y los expertos indicaron que había existido la posibilidad cierta de que una explosión en el lugar del objetivo matara a cientos de personas, incluidos algunos de los dignatarios occidentales que estaban sentados cerca del lugar de detonación previsto.
El juicio también demostró claramente que Assadi no había actuado por iniciativa propia o como una especie de agente deshonesto. Más bien, su plan tenía sus raíces en Teherán, concretamente en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, una entidad cuyas decisiones implican habitualmente la aportación del presidente del régimen y de su líder supremo. Estos hechos subrayaron la importancia de hacer que Assadi rindiera cuentas de sus actos, pero también alimentaron los llamamientos para que Bélgica y otros gobiernos occidentales exigieran responsabilidades a un nivel superior. Pero estos llamamientos a la acción nunca fueron atendidos, y esta inacción empezó a envalentonar a Teherán.
La estrategia de Occidente para tratar con el régimen iraní ha sido durante mucho tiempo el "apaciguamiento", normalmente basado en la suposición errónea de que no se gana nada enfrentándose directamente al régimen porque no hay una alternativa viable a la dictadura teocrática. Este error es bien reconocido por los responsables políticos que asistieron a la manifestación de 2018 del NCRI, y han criticado seriamente a sus propios gobiernos por ser insuficientemente asertivos al tratar con Teherán.
Hay que aplaudir a la justicia belga por haber llevado adelante su caso contra Assadollah Assadi y haber dictado finalmente la pena máxima de 20 años de prisión en febrero de 2021. En ese momento, se entendió que su caso podría sentar las bases para la búsqueda de responsabilidades similares de otros agentes del régimen iraní, especialmente a la luz del hecho de que ya había un caso pendiente en Suecia contra un iraní acusado no de terrorismo en el extranjero, sino de crímenes contra la humanidad dentro de Irán.
1)Kharrazi and Larijani both confirmed #Iran’s regime is ready to build nuclear bombs. Khamenei is counting on the weak policies of the West. Endless rounds of negotiations and the disgraceful deal with Belgium have encouraged the regime’s provocative behavior.
— Mohammad Mohaddessin (@Mohaddessin) July 18, 2022
#No2Appeasement
En mayo, el tribunal sueco concluyó ese caso condenando a cadena perpetua al ex funcionario de prisiones Hamid Noury por su papel en la masacre de 30.000 presos políticos durante el verano de 1988. Noury es la primera persona que se enfrenta a las consecuencias legales en cualquier parte del mundo por esos asesinatos, que tenían como objetivo principal a los miembros de la Organización Mojahedin del Pueblo de Irán. Su condena también fue un paso en la dirección correcta, aunque tímido, al llegar en un momento en que otro participante de alto nivel en la masacre ocupaba el cargo de presidente iraní.
El nombramiento de Ebrahim Raisi para ese cargo en junio de 2021 fue un impresionante recordatorio de la impunidad del régimen clerical y de los efectos del apaciguamiento occidental. La condena de Noury representó un pequeño pero significativo desafío a esa impunidad, pero ahora sus efectos a largo plazo han quedado en entredicho por el tratado de "traslado de personas condenadas". Aunque el tratado en sí no tiene nada que ver con los presos de Suecia, plantea cuestiones sobre si la posible liberación de Assadi puede formar parte de un patrón que implique a otros detenidos iraníes de perfil similar.
Si Assadi es liberado, lo más probable es que sea a cambio de un cooperante belga que el régimen iraní tomó como rehén justo antes de las conversaciones sobre el tratado con Bruselas. No sería el primer intercambio de este tipo, pero sí uno de los más desequilibrados, dada la gravedad del delito de Assadi y el hecho de que su presunta contraparte, Olivier Vandecasteele, fue detenido bajo cargos claramente inventados de espionaje, y luego mantenido en condiciones inusualmente duras sin acceso a atención médica.
Si ese caso de toma de rehenes consigue la liberación de un terrorista iraní convicto, Teherán tendrá sobradas razones para suponer que su impunidad sigue intacta y que incluso se extiende a los agentes de inteligencia iraníes que trabajan para facilitar los ataques contra disidentes y activistas en Europa y Norteamérica. No cabe duda de que los funcionarios del régimen se esforzarán seriamente por conseguir la liberación de Hamid Noury por medios similares, haciendo retroceder aún más a un movimiento que busca la justicia y que ha logrado preciosos avances en los 34 años transcurridos desde la masacre de 1988.
De hecho, Teherán ya ha intentado ejercer presión sobre Suecia amenazando la vida de otro ciudadano sueco falsamente acusado, Ahmadreza Djalali. Estas y otras amenazas similares no harán más que intensificarse si el gobierno belga procede a enviar el mensaje de que tales medidas pueden dar resultado. Además, si ese pago persiste, dejará a las potencias occidentales drásticamente escasas de herramientas para desalentar y obstruir las amenazas terroristas y otras actividades malignas del régimen iraní.
Al fin y al cabo, si los mulás ya consideran que el terrorismo redunda en su propio interés, ¿por qué iban a dudar en dar órdenes de cometer más atentados a agentes como Assadollah Assadi, sabiendo que las potencias occidentales no pedirán responsabilidades a Teherán y ni siquiera exigirán que el propio terrorista cumpla su condena, con tal de que Teherán se limite a tomar como rehén a otro ciudadano occidental?
El gobierno belga debe entender lo que arriesga al liberar a Assadi. Incluso si ninguna otra nación europea sigue el ejemplo del tratado de intercambio de prisioneros, el escenario estará preparado para que el régimen iraní utilice a Bélgica como un centro para atacar a las naciones vecinas como lo hizo con Francia en 2018.
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