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La semana pasada, Iran Human Rights Monitor informó sobre la creciente tendencia a las ejecuciones en Irán. La reciente confirmación de Ebrahim Raisi como nuevo presidente del régimen parece haber acelerado la tendencia. Raisi es conocido por su participación de alto nivel en la masacre de 30.000 presos políticos en el verano de 1988.

Los índices de ejecución globales confirman la expectativa de que la ascensión de Raisi a la presidencia coincidiría con un aumento de las detenciones y de las duras sanciones legales. El Observatorio de los Derechos Humanos de Irán confirmó recientemente esta conclusión en su informe mensual, citando no sólo los índices de ejecución, sino también notables casos de persecución por motivos políticos, incluidos los desfiles humillantes de presuntos delincuentes, además de la antigua práctica del régimen de llevar a cabo ejecuciones públicas para intimidar a la población.

El IHRM señala que al menos 26 personas fueron ejecutadas en total en julio. Esto implica que la tendencia general sigue siendo al alza y seguirá siéndolo. Es posible que alguna de estas cifras sea inferior al número real de ejecuciones llevadas a cabo por el sistema judicial iraní. Teherán lleva mucho tiempo evitando anunciar oficialmente las ejecuciones para minimizar la prevalencia real de la práctica.

En una conferencia virtual celebrada en agosto para hablar de la masacre de 1988, la Sra. Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, instó a diversas entidades de la ONU y a los defensores internacionales de los derechos humanos a "visitar las cárceles del régimen iraní y reunirse con los presos que allí se encuentran, especialmente con los presos políticos". Esta recomendación se sumaba, por supuesto, a la petición del NCRI de que se creara una comisión oficial de investigación sobre la masacre, pero sirvió para subrayar que el legado de la masacre de 1988 sigue vivo  hoy en día con la sensació de impunidad de Teherán en otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Este sentimiento ya fue expresado por siete expertos en derechos humanos de la ONU cuando escribieron una carta a las autoridades del régimen en septiembre de 2020. El documento condenaba la falta de seguimiento de la información sobre la masacre de 1988 por parte de los organismos internacionales pertinentes, y señalaba que esto "ha tenido un impacto devastador en los supervivientes y sus familias, así como en la situación general de los derechos humanos en Irán". La carta se publicó para un público internacional en diciembre, después de que Teherán se negara a responder, y así se transmitió el llamamiento de los autores para que se adopten medidas internacionales que conduzcan al tipo de responsabilidad que el régimen se niega a aplicar a sus funcionarios.

Los expertos en derechos humanos de la ONU han seguido de cerca una serie de cuestiones de derechos humanos actuales desde la publicación de la carta sobre la masacre de 1988. El viernes, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que pedía que se volviera a prestar atención al caso de Heidar Ghorbani, preso político kurdo condenado a muerte en enero de 2020.

Las declaraciones del Alto Comisionado de la ONU y de otros defensores de los derechos humanos sobre el caso ponen de manifiesto la falta de garantías procesales y el aparente uso de la tortura para obtener una confesión forzada de Ghorbani. La justificación de su condena a muerte, así como de su pena de prisión, es su identidad étnica kurda.

El resultado del caso Ghorbani dará sin duda una buena indicación del grado de confianza de Irán en su propia impunidad, ya que la atención internacional se centra en este caso. En el pasado, esta atención ha obligado a las autoridades del régimen a retrasar las ejecuciones y a revisar los casos, aunque en casi todos ellos se han confirmado posteriormente las sentencias originales, lo que ha dado lugar a ejecuciones en una fecha posterior, cuando la atención extranjera ha disminuido.

Las condiciones actuales en Irán sugieren que la confianza de Teherán en su impunidad es particularmente alta en la era de Raisi. Esta conclusión se ve respaldada por el aumento del número de ejecuciones y la detención y persecución de activistas y abogados que podrían defenderlos.

Es probable que la persecución de los abogados repercuta en el índice de ejecuciones y otras formas de castigo severo, pero también puede atraer una mayor atención de la comunidad internacional. Tal y como argumentó recientemente el NCRI en su conferencia sobre la masacre de 1988, los esfuerzos internacionales para que Raisi rinda cuentas por su papel serían esenciales para combatir la impunidad del régimen y enviar un mensaje de que no se tolerarán más crímenes contra la humanidad.