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El 4 de mayo, un tribunal de Estocolmo (Suecia) celebró la última vista del juicio contra Hamid Noury, funcionario del régimen iraní implicado en la tortura y el asesinato de miles de presos políticos. El tribunal emitirá su veredicto final el 14 de julio.
En el verano de 1988, el régimen llevó a cabo una completa purga en las cárceles bajo las órdenes del fundador del régimen de los mulás, Ruhollah Jomeini, ejecutando a más de 30.000 presos en cuestión de meses. La mayoría de las víctimas eran miembros y simpatizantes de la Organización Popular Mojahedin de Irán (PMOI/MEK).
En ese momento, Noury era fiscal adjunto de la prisión de Gohardasht, al oeste de Teherán. Participó activamente en la ejecución de presos políticos en esta prisión. Durante las 92 audiencias judiciales, muchos testigos describieron cómo Noury y otras autoridades del régimen, torturaban a los presos y los llevaban a una sala donde los ahorcaban en grupo.
La fiscalía sueca ha pedido cadena perpetua para Noury por cometer crímenes de guerra y asesinato durante la masacre de presos políticos iraníes de 1988. Los abogados de los demandantes del PMOI/MEK también han hecho una petición similar.
Los expertos esperan que el tribunal dicte una sentencia de cadena perpetua en julio.

Los iraníes amantes de la libertad de toda Europa se reunieron el miércoles en Estocolmo como continuación de una concentración que lleva nueve meses celebrándose, y para conmemorar el último día del juicio de Noury. Muchos de los manifestantes, en su mayoría partidarios de la oposición iraní PMOI/MEK, han participado en estas concentraciones de forma constante durante los últimos nueve meses para expresar las opiniones y demandas del pueblo iraní a la comunidad internacional. Entre ellas, el procesamiento de funcionarios del régimen implicados en violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, como el líder supremo del régimen, Ali Jamenei, el actual presidente del régimen, Ebrahim Raisi, y otros.
Los familiares que perdieron a miembros de su familia en la masacre del verano de 1988 han superado todos los obstáculos y dificultades para asistir a estas reuniones, manteniendo viva la memoria de las víctimas y continúan siendo la voz, no sólo de los que perdieron la vida en las ejecuciones masivas de los años 80 y en la masacre de 1988 en todo Irán, sino también de los iraníes inocentes que son asesinados día a día por el régimen de los mulás.

En un mensaje de vídeo, la Sra. Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI), elogió a los manifestantes por sus incesantes esfuerzos "para instar al mundo a que procese a los asesinos en masa que gobiernan en Irán por sus crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio".
La Sra. Rajavi recordó una breve historia del Movimiento por la Justicia y los esfuerzos de la resistencia iraní para llamar la atención sobre la masacre de 1988 durante las últimas tres décadas.
"Saludo a todos los que han hecho sacrificios y esfuerzos en este movimiento para pedir justicia durante las últimas tres décadas", dijo la Sra. Rajavi. "Esto incluye al profesor Kazem Rajavi y a todos los que han sido detenidos y torturados por reunir información sobre la masacre, presentar denuncias o protestar contra el régimen. También saludo a los presos de la PMOI y a los presos marxistas. Han dado testimonios precisos con detalles irrefutables sobre la masacre de 1988. Con un profundo sentido de la responsabilidad, han aportado así los documentos esenciales para la acusación del Fiscal".
La Sra. Rajavi reiteró que la investigación sobre el genocidio y los crímenes contra la humanidad debe extenderse a todas las prisiones de Irán.

Al mismo tiempo, en Ashraf 3, donde se encuentran los miembros del PMOI/MEK en Albania, se celebró una gran concentración en apoyo del Movimiento por la Justicia en Irán y para expresar la solidaridad con los manifestantes de Estocolmo. Varios supervivientes de la masacre de 1988 revivieron su tormento y sus penurias, recordando las atrocidades de las que fueron testigos en diversas prisiones de Irán, y el reducido número de funcionarios del régimen que participaban en la determinación de la suerte de cada preso político a través de tribunales "canguro" que sólo duraban unos minutos.
Los miembros del PMOI/MEK de Ashraf 3 expresaron su apoyo a la iniciativa, pidiendo a la comunidad internacional que haga responsable al régimen de los mulás, por las graves violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el genocidio contra el pueblo iraní durante los últimos 43 años.

La masacre de más de 30.000 presos políticos en Irán en 1988 ha sido descrita como uno de los peores crímenes contra la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.
Un antiguo adjunto del Ministerio de Inteligencia iraní grabó en 2008 un vídeo en el que revelaba que el régimen de los mulás masacró a unos 33.700 presos políticos y los enterró en fosas comunes. Según Reza Malek, hay entre 170 y 190 fosas comunes en el país.
Más recientemente, Geoffrey Robertson QC, quien ha investigado en profundidad la masacre de 1988, ha subrayado que la masacre equivale a un "genocidio".
"Desde hace siglos es un delito matar a los presos. La diferencia es que si se trata de un delito concreto de genocidio, existe una convención internacional que obliga a los países a tomar medidas y castigar ese genocidio", dijo en una conferencia en línea a finales de agosto.
"Me parece que hay pruebas muy sólidas de que se trata de un genocidio. Se aplica al matar o torturar a un grupo determinado por sus creencias religiosas. Un grupo religioso que no aceptaba la ideología retrógrada del régimen iraní", añadió Robertson, refiriéndose a la fetua de Jomeini como base de la masacre.
"No hay duda de que el presidente del régimen, Ebrahim Raisi y otros deben ser procesados. Se ha cometido un delito de responsabilidad internacional. Hay que hacer algo al respecto, como se hizo contra los autores de la masacre de Srebrenica", reiteró.

Además, el último día del juicio de Noury, el régimen de los mulás de Irán anunció que el investigador iraní-sueco Ahmadreza Djalali ha sido condenado a muerte y que su ejecución tendrá lugar el 21 de mayo. Muchos creen que Teherán está presionando a Estocolmo para influir en la suerte de Noury y en el curso del juicio, sobre todo porque la decisión del juez está prevista para mediados de julio.
La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, expresó su profunda preocupación por la decisión del régimen de aplicar la pena de muerte a Djalali, y añadió que Suecia y la Unión Europea condenan la pena de muerte y exigen la liberación de Djalali. “Se lo hemos dicho repetidamente a los funcionarios iraníes".

Extremely worrying media reports today that Iran may enforce the death penalty on Swedish citizen Ahmadreza Djalali. 🇸🇪 and 🇪🇺 condemn the death penalty and demands that Djalali be released. We have repeatedly stated this to Iranian representatives. We are in contact with Iran.

— Ann Linde (@AnnLinde) May 4, 2022

Ya a finales de 2020, el régimen de los mulás había vinculado el caso de Djalali con el de Assadollah Assadi y otros tres terroristas del Ministerio de Inteligencia iraní (MOIS), condenados por conspirar para hacer estallar un evento anual de la coalición opositora iraní, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNI), a celebrarse en París durante 2018. Assadi, un alto diplomático del régimen iraní con sede en Viena en ese momento, fue condenado a 20 años de prisión. Teherán había amenazado con ejecutar a Djalali a finales de 2020, para presionar a las autoridades belgas para que liberaran a Assadi. Tras la decisión del tribunal el 4 de febrero de 2021, Teherán convocó al embajador belga y expresó su descontento.
Para Bélgica, la condena de Assadi por un tribunal penal de Amberes y la sentencia de muerte del régimen iraní contra Djalali son asuntos separados, señaló la ministra de Asuntos Exteriores, Sophie Wilmès, en una audiencia de la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores el 2 de marzo de 2021.
Mientras Linde se encontraba en Washington DC el día miércoles para reunirse con funcionarios y políticos estadounidenses relacionados con la política exterior, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, calificó la gestión del caso de Djalali por parte del régimen iraní como "un claro caso de detención arbitraria".
El ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Hossein Amir-Abdolahian, mantuvo el miércoles una conversación telefónica con su homólogo sueco, quien indicó que Teherán "considera ilegales la detención y el juicio de Hamid Nouri (en Suecia) y pide su liberación inmediata."
Esto demuestra la importancia del juicio de Noury para el régimen iraní, sabiendo que este precedente puede llevar a medidas similares por parte de diferentes países, lo que tiene el potencial de arrojar más luz sobre la masacre de 1988 y la gran extensión de las atrocidades cometidas por los mulás contra el pueblo iraní.