Informe mensual de septiembre de 2021, Iran Human Rights Monitor

Introducción

La muerte de al menos cuatro presos bajo tortura el mes pasado ha vuelto a llamar la atención sobre la cuestión de la tortura y los malos tratos a los presos en Irán.

La tortura y el trato inhumano de los detenidos y presos por parte de los agentes siempre ha sido una de las violaciones más graves de los derechos humanos en Irán.

Un preso identificado como Amirhossein Hatami, de 22 años, fue asesinado bajo tortura el 23 de septiembre en la Gran Penitenciaría de Teherán. Una fuente informada dijo que fue asesinado por los violentos golpes de las porras en su cabeza por los guardias de la prisión.

Zeinab Parnin, the mother of Amir Hossein Hatami, killed under torture, calls on everyone to protest the murder of her son to prevent the killing of their own children. She says he was innocent, following up on his car's documents when he got arrested #Iran #HumanRightsViolations pic.twitter.com/KYAnnhR6yS

— IRAN HRM (@IranHrm) September 27, 2021

Shahin Naseri, testigo de la ejecución del campeón de lucha libre Navid Afkari, murió el 21 de septiembre en la Gran Penitenciaría de Teherán. En su testimonio de audio, Shahin dijo que fue amenazado por el juez del tribunal por su testimonio. Según fuentes cercanas a la familia de Shahin, su cuerpo presentaba signos de tortura. Tenía contusiones en los costados y en la caja torácica y una herida en la cabeza. Sus oídos seguían sangrando después de su muerte.

La muerte de Yaser Mangouri fue comunicada a su familia por funcionarios del Ministerio de Inteligencia en Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, el 8 de septiembre. Yaser Mangouri, que trabajaba como tornero, estaba casado y tenía tres hijos.

En otro episodio que pone de manifiesto las torturas a los presos, Hadi Attazadeh murió horas después de ser azotado por beber alcohol en la ciudad noroccidental iraní de Ahar. También se publicaron en las redes sociales imágenes de su funeral e imágenes que mostraban las marcas en su espalda azotada.

En todos los casos, el poder judicial del régimen iraní ha negado los informes de tortura mental y física de los presos y, al invertir u ocultar la verdad, se ha negado a aceptar la responsabilidad por las vidas de los presos.

Esto demuestra que las autoridades iraníes, a pesar de todas las reacciones internacionales y de la opinión pública de la sociedad iraní, persisten en su práctica de torturar y matar a los presos.

En ninguno de estos casos, a pesar de las denuncias de las familias de las víctimas y de la indignación nacional e internacional, se ha responsabilizado y llevado ante la justicia a un solo funcionario. Según Amnistía Internacional, esta situación "refleja la prolongada crisis de impunidad en Irán, donde las denuncias de tortura y homicidios ilegítimos no se investigan habitualmente y quedan impunes".

Recientemente, Amnistía Internacional ha afirmado en un comunicado que "las autoridades iraníes no han dado explicaciones sobre al menos 72 muertes bajo custodia desde enero de 2010, a pesar de los informes creíbles de que fueron consecuencia de torturas u otros malos tratos o del uso letal de armas de fuego y gases lacrimógenos por parte de los funcionarios".

El Observatorio de los Derechos Humanos de Irán pide una vez más la formación de una delegación internacional de la ONU para que visite las cárceles y los presos e investigue los crímenes del régimen clerical en las prisiones, especialmente las muertes de presos como Shahin Naseri, Yasser Mangouri y Amir Hossein Hatami.

Ejecuciones

En septiembre se ejecutaron al menos 38 condenas a muerte en las cárceles iraníes. Se llevaron a cabo al menos 12 ejecuciones por delitos relacionados con las drogas y 21 por asesinato. Entre los ejecutados hay tres mujeres.

Irán tiene el mayor índice de ejecuciones per cápita del mundo.

Las autoridades iraníes ejecutaron a Farhad Salehi Jabehdar el 29 de septiembre en la prisión central de Karaj. El joven de 30 años había sido condenado a muerte por cargos de violación.

Salehi había sido detenido en junio de 2018 por la agresión sexual a un niño en 2017. El padre del niño ha pedido formalmente a las autoridades que no impongan la pena de muerte a Farhad Salehi Jabehdar en noviembre de 2019. Su abogado apeló al presidente Ebrahim Raisi, en su calidad de ex jefe del poder judicial, para que detuviera la ejecución y ordenara una revisión del caso, pero Ebrahim Raisi no accedió a esta petición.

Ese mismo día, las autoridades iraníes ejecutaron a un preso que llevaba 20 años en el corredor de la muerte por cargos relacionados con las drogas. La condena a muerte de Abbasgholi Salehi, de 42 años, que llevaba unos 20 años en prisión por cargos de drogas, se ejecutó en la prisión de Dastgerd, en Isfahan, en el centro de Irán.

Abbasgholi Salehi, 42, who was in prison for 20 years on drug-related charges, was executed today in Dastgerd Prison in Isfahan, central #Iran.#HumanRights pic.twitter.com/Yjrayr8jdD

— IRAN HRM (@IranHrm) September 29, 2021

Sep 30—Isfahan, central #Iran
A video from the funeral of Abbas-Gholi Salehi, a 42-year-old prisoner who spent more than 20 years in prison and was executed yesterday on drug charges.
A cellmate said his drug-related charges were lifted, but he was still hanged.#HumanRights pic.twitter.com/oeDZPyq9t6

— IRAN HRM (@IranHrm) September 30, 2021

Además, el Tribunal Supremo de Irán confirmó el 28 de septiembre la condena a muerte del preso político Shaker Behrouzi, detenido en Urmia, al noroeste del país.

Ejecuciones en Irán en septiembre de 2021

Tortura

Al menos cuatro prisioneros fueron asesinados bajo tortura. Son Hadi Attarzadeh, Shahin Naseri, Yasser Mangouri y Amir Hossein Hatami.

Además, el sistema judicial del régimen iraní siguió dictando y ejecutando sentencias de flagelación que equivalen a tortura.

El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Teherán condenó al activista laboral Esmail Gerami a 74 latigazos, cinco años de prisión y una multa de 2 millones de tomanes (unos 72 dólares estadounidenses). El 9 de junio, este hombre de 67 años ya había sido condenado a 74 latigazos, cinco años de prisión y una multa de 2 millones de tomanes. Había sido detenido el 7 de marzo con otros activistas por las manifestaciones en todo el país.

Libertad de expresión

El mes pasado continuó la represión de la libertad de expresión en Irán con el encarcelamiento y la persecución de activistas.

Dos destacados abogados de derechos humanos, Arash Keykhosravi y Mostafa Nili, permanecen detenidos en la prisión de Evin tras ser arrestados el mes pasado junto con un grupo de abogados y activistas cuando se preparaban para demandar a los funcionarios del Estado por su ineficaz y mortal respuesta a la pandemia de Covid.19 Los abogados y activistas civiles fueron acusados de "alteración del orden público" y otros cargos relacionados con la seguridad del Estado. 

Libertad de reunión

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los residentes que protestaban contra la detención de un activista baluchi en la aldea de Tomp Rigan, en el condado de Iranshahr, al sureste de Irán.

Las fuerzas de seguridad que acudieron al pueblo para detener a Samad Rigi, activista social de Iranshahr, fueron de puerta en puerta para arrestar a Samad sin una orden de detención y se encontraron con la resistencia de los residentes.

En un archivo de audio, Samad dijo que las fuerzas de seguridad habían intentado detenerlo por criticar la "falta de seguridad" en Iranshahr y los constantes disparos de las fuerzas de seguridad contra la población local, incluidos mujeres y niños.

Dos de los hombres que resultaron heridos durante la protesta del 27 de septiembre han sido identificados como Mehroallah Rigi Yusef Abadi e Iman Rigi Yusef Abadi. También resultaron heridos, entre otros, una mujer y un niño.

Minorías religiosas y étnicas

Baha's

El 23 de septiembre, los ciudadanos bahá'ís Haideh Mosali Nejad y su hijo Mehran Mosali Nejad fueron detenidos en Shiraz, suroeste de Irán. El 22 de septiembre, las fuerzas de seguridad allanaron su domicilio y confiscaron algunas de sus pertenencias, pero no pudieron detenerla porque no estaba en casa. Sus casas habían sido registradas dos veces antes.

El mismo día, las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a la bahá'í iraní Sheida Taeed y la llevaron a un lugar desconocido.

Las fuerzas de seguridad allanaron su domicilio en la ciudad septentrional de Ghaemshahr y confiscaron varios de sus objetos personales, como su teléfono móvil, libros y fotografías.

El 22 de septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Moein Misaghi y Negareh Qaderi en Shiraz y los llevaron a un lugar desconocido. Según una fuente informada, el domicilio del Sr. Misaghi también fue registrado por las fuerzas de seguridad en marzo.

El 21 de septiembre, otros dos ciudadanos bahá'ís de Shiraz fueron condenados a largas penas de prisión. Soroush Abadi y Kiana Shoaei fueron condenados a tres años y tres meses de prisión cada uno y a la prohibición de salir del país durante dos años.

Cristianos

Las fuerzas de seguridad detuvieron a tres cristianos conversos el 12 de septiembre en Rasht, al norte de Irán. Fueron identificados como Ahmad Sarparast, de 25 años, Ayoub Pourrezazadeh, de 28, y Morteza Hajeb, de 38. Los tres fueron trasladados a un lugar desconocido.

Ahmad y Ayoub fueron retenidos en una iglesia casera, que fue registrada durante su detención. Se confiscaron sus objetos personales, incluidos teléfonos móviles, memorias USB y libros religiosos. Según una fuente informada, las fuerzas de seguridad no presentaron una orden para entrar en la casa o detenerlos y los trataron con un comportamiento violento y ofensivo. Los familiares de los tres cristianos fueron amenazados con proporcionar información al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sobre ellos. Además, los familiares y otros miembros de la iglesia de la casa fueron citados a la oficina de inteligencia de la IRGC en Rasht y fueron interrogados.

Condiciones de detención

Tres manifestantes detenidos por su participación en las protestas nacionales de noviembre de 2019 se encuentran en estado de incertidumbre en una prisión de Teherán. Los nuevos juicios de Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi y Mohammad Rajabi, anteriormente condenados a muerte, se han aplazado cuatro veces. Además, a pesar de su estado crítico, al preso político Amir Hossein Moradi se le denegó el tan necesario permiso médico.

Ejecuciones arbitrarias

Las fuerzas militares y armadas del régimen iraní, incluidos el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las Fuerzas de Seguridad y Protección de Fronteras, mataron al menos a 13 civiles en septiembre.   Entre ellos había comerciantes de combustible de la empobrecida provincia de Sistán y Baluchistán y porteadores kurdos. Al menos ocho civiles resultaron heridos por el fuego indiscriminado de las fuerzas estatales el mes pasado.