Desde finales de 2017, Irán ha sufrido varios levantamientos contra el régimen. El primero de ellos provocó un discurso del líder supremo del régimen, Alí Jamenei, en el cual reconoció que la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI/MEK), había dirigido ese levantamiento lanzando un mensaje de cambio de régimen. Desde entonces, de cada gran protesta, surgen llamamientos similares en pro de una mudanza de gobierno, incluso aquellos que se centran inicialmente en cuestiones específicas, como los recientes recortes en las subvenciones alimentarias y el colapso de un edificio en la ciudad de Abadán, que se consideró en general, una consecuencia de la corrupción del régimen.

#Iran News in Brief

Following the collapse of the #Abadan Metropolitan Complex in the southern #Khuzestan province, the state-run Mostaqhel online published the video of a local journalist who was warning about the miserable state of the building. https://t.co/Ggw5tSsYOy pic.twitter.com/Xqcso6BkwC

— NCRI-FAC (@iran_policy) May 23, 2022

La persistencia de ese malestar implica el desafío a un recrudecimiento de la represión. Solo durante un levantamiento en noviembre de 2019, más de 1.500 activistas iraníes fueron asesinados en tiroteos masivos, pero las manifestaciones a gran escala se reanudaron menos de dos meses después, impulsadas por el intento del régimen de encubrir un ataque con misiles, el cual derribó un avión comercial cerca de Teherán. Esas protestas pusieron de manifiesto la exigencia de la opinión pública iraní, de que las autoridades del régimen rindieran cuentas en la escena internacional por sus fechorías. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido débil, y ha seguido siéndolo ante los nuevos ejemplos de esas irregularidades.

Estas estrategias constituyen un apaciguamiento, y han envalentonado a Irán para que acelere la consecución de diversos objetivos malignos, dirigidos a los disidentes en el país, así como a los enemigos percibidos en el extranjero.

Los efectos emergentes del apaciguamiento pueden verse en diversos rubros, como el impulso del régimen para conseguir la capacidad de fabricar armas nucleares, su uso de la toma de rehenes y el terrorismo como herramientas de la política estatal, así como su tendencia a violar los derechos básicos de los ciudadanos iraníes. El compromiso del régimen con este último fenómeno, quedó patente el año pasado cuando Jamenei nombró a Ebrahim Raisi presidente del régimen. Esa misma decisión aclara hasta qué punto Teherán ha llegado a esperar impunidad en estos asuntos, tras décadas de conciliación occidental.

En el verano de 1988, Raisi fue uno de los cuatro miembros de la "comisión de la muerte" de Teherán, quien supervisó las ejecuciones masivas de detenidos políticos en las prisiones de Evin y Gohardasht. Estos asesinatos constituyeron una parte importante de la masacre nacional de presos políticos, que se cobró más de 30.000 vidas en el transcurso de tres meses.

Poco más de tres décadas después, como jefe del poder judicial de Irán, Raisi desempeñó un papel importante en la represión de noviembre de 2019. Su ascenso a la presidencia en junio de 2021, se consideró un respaldo a las mismas tácticas de represión política que habían definido la década de 1980, y esta percepción se vio rápidamente reforzada por el fuerte aumento de la tasa de ejecuciones en Irán, algunas de las cuales han tenido sin duda una motivación política.

Teherán ha podido seguir ofreciendo recompensas políticas a los participantes en la masacre de 1988, porque ha llegado a no esperar que la comunidad internacional exija responsabilidades en estos asuntos. Este fracaso de la política fue reconocido en 2020 por varios expertos en derechos humanos de la ONU, quienes escribieron en una carta abierta a las autoridades iraníes, que la "inacción" de los organismos internacionales ante los informes de la masacre había "tenido un impacto devastador en los supervivientes y las familias, así como en la situación general de los derechos humanos en Irán."

Si los tiroteos masivos de 2019 y la continua escalada en la tasa de ejecuciones de Irán, de la que ya es líder mundial, son el efecto de esa inacción, solo puede haber una consecuencia de la misma inactividad, en situaciones con una mayor relevancia para la comunidad internacional. De hecho, no hace falta ni imaginarlo. En los últimos años, Teherán ha aumentado la toma de rehenes, ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, al concluir que esta es una práctica que resulta muy lucrativa, tras los intercambios de prisioneros anteriores, así como las concesiones que los acompañan.

En la actualidad, al menos 20 de estas personas están cautivas en Irán, y algunas de ellas se enfrentan a décadas en prisión, o incluso a la ejecución sobre la base de cargos claramente fabricados. Sin embargo, lejos de provocar una reevaluación crítica de las respuestas occidentales a esa práctica, algunas de las últimas tomas de rehenes parecen estar preparadas para provocar la liberación de criminales iraníes particularmente notorios, como Assadollah Assadi.

En 2018, Assadi ideó un complot terrorista para hacer estallar explosivos en el mitin del NCRI de ese año, en el que decenas de miles de expatriados y partidarios políticos convergieron en un espacio para eventos cerca de París. Este complot fue finalmente frustrado por las fuerzas de seguridad europeas, pero tenía el potencial de ser el peor ataque terrorista en el continente hasta la fecha, y el año pasado un tribunal belga condenó a Assadi, un ex diplomático, a 20 años de prisión.

Teherán ha protestado enérgicamente por el enjuiciamiento y la condena, reiterando así su expectativa de impunidad de largo alcance. En marzo, los gobiernos de Irán y Bélgica firmaron un tratado para preparar la liberación de Assadi, que no se hizo público hasta finales de junio, cuando se presentó al Parlamento belga para su ratificación. El tratado fue ratificado por el Parlamento belga, lo que significa que Assadi será probablemente canjeado por un ciudadano belga, cuya dudosa detención fue reconocida recientemente.

El NCRI ha expresado con razón, su preocupación por las implicaciones directas de la posible liberación de Assadi, y su potencial para inspirar intercambios similares que involucren a otras naciones europeas. En particular, a los críticos del régimen iraní les preocupa que la persistencia de estrategias conciliadoras, pueda socavar el único paso importante que se ha dado para que ese régimen rinda cuentas por la masacre de 1988, así como otros crímenes contra la humanidad, que no han sido resueltos.

A principios de este mes, un tribunal de Estocolmo condenó a cadena perpetua a uno de los participantes en esa masacre. El ex funcionario de prisiones iraní, Hamid Noury, quien fue detenido en 2019 en virtud del principio de jurisdicción universal, sobre violaciones graves del derecho internacional, y el NCRI tuvo inmediatamente la esperanza de que su enjuiciamiento sirviera de guía para futuros casos similares, poniendo fin a la era de la impunidad de Teherán.

Esto todavía no ha sucedido, y el tratado belga se une ahora a la persistencia generalizada del apaciguamiento occidental, poniendo en duda si alguna vez lo hará. La respuesta a esta pregunta puede muy bien depender de que la comunidad internacional escuche las voces del pueblo iraní, y su resistencia organizada. Pero si lo hicieran como debe, entonces escucharía esas voces que piden políticas asertivas, que hagan responsable al régimen de la masacre de 1988 y demás actos criminales, que han quedado prácticamente sin respuesta durante más de 40 años.