Con los ojos vendados y esposado, lo llevaron a una plaza de Shiraz, donde más tarde sería ahorcado en público. Tenía 28 años, estaba lleno de vida y tenía un futuro por delante, pero en unos momentos se balancearía en el aire, muriendo asfixiado.

Este fue el trágico destino de Iman Sabzikar, un trabajador de la construcción sin recursos, quien fue ejecutado en público la semana pasada por defender sus derechos. Fue condenado por el presunto asesinato de un policía de alto rango en febrero de 2022, que había acosado y chantajeado a este trabajador privado durante años. El policía corrupto estaba protegido por la ley del régimen, y gozaba de una impunidad sistemática en Irán.

El cruel ahorcamiento en público de Iman, forma parte de la nueva ola de ejecuciones en Irán. El 28 de julio, la teocracia gobernante de Irán ahorcó a un soldado en Rasht, al norte del país, por haber matado presuntamente a un oficial de alto rango. Además, otros tres presos fueron ahorcados en la prisión de Sanandaj, al noroeste de Irán.

El miércoles, el régimen clerical ahorcó a otros cuatro presos, entre ellos tres mujeres, en diferentes cárceles del país. En resumen, se han producido ocho ahorcamientos en dos días.

La teocracia gobernante en Irán comenzó su racha de asesinatos pocos días después de tomar el poder en 1979. Las detenciones masivas, la tortura de disidentes y las ejecuciones, se han convertido en la perniciosa herramienta del régimen, para oprimir a la sociedad iraní, que siempre ha anhelado la democracia.

Las ejecuciones forman parte de la estrategia del régimen genocida, que busca asegurar su dominio sobre Irán. En este sentido, el 7 de julio marca uno de los capítulos más oscuros de la historia del país, cuando miles de presos políticos fueron masacrados en 1988.

En el verano de 1988, el entonces líder supremo del régimen, Ruhollah Jomeini, emitió una fatwa para exterminar a los disidentes iraníes. Como resultado, se formaron las llamadas "Comisiones de la Muerte" a lo largo de todo Irán, enviando a la horca a más de 30.000 presos políticos. La mayoría de las víctimas eran miembros y simpatizantes del archienemigo del régimen, la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI/MEK). Jomeini decidió masacrar a miles de jóvenes iraníes, en un intento de reforzar el control de su régimen en el poder, ya que se enfrentaba a una sociedad desgarrada por la guerra, pero volátil en medio del creciente aislamiento internacional del régimen.

 
El creciente número de ejecuciones en Irán no es casual. Son un intento cuidadosamente planificado para sofocar a la sociedad, ya que las protestas de personas de todas las profesiones y condiciones sociales, siguen expandiéndose por todo el país. En otras palabras, estas ejecuciones son una táctica falsa o simplemente dilatoria del régimen, buscando posponer un levantamiento inminente.

Lo que permite al régimen continuar con su crimen contra la humanidad, es la inacción de la comunidad internacional ante las atrocidades de Teherán, que han provocado una "crisis de impunidad".

"Que Ebrahim Raisi haya llegado a la presidencia, en lugar de ser investigado por crímenes contra la humanidad por asesinato, desaparición forzada y tortura, es un sombrío recordatorio de que la impunidad reina en Irán".

En una carta publicada en diciembre de 2020, siete expertos de Naciones Unidas también criticaron que el "fracaso" de la comunidad mundial, a la hora de exigir responsabilidades a los autores del genocidio de 1988, "tuvo un impacto devastador en los supervivientes y las familias", así como en la situación general de los derechos humanos dentro del país.

Las violaciones de los derechos humanos son una parte inseparable de la teocracia gobernante en Irán, y la inacción de la comunidad internacional ayuda al régimen a continuar con sus atrocidades.

En su último informe del 28 de julio, Amnistía Internacional señala: "El número de ejecuciones en Irán en 2021 fue el más alto desde 2017. El aumento comenzó en septiembre de 2021, después de que el jefe del poder judicial, Ebrahim Raisi, ascendiera a la presidencia, y que el Líder Supremo nombrara a un antiguo ministro de Inteligencia, Gholamhossein Mohseni Ejei, como nuevo jefe del poder judicial".

Mientras la impunidad reine en Irán, los jóvenes iraníes como Iman Sabziakr, se verán privados de sus derechos fundamentales. Una vez que protestan, se les acosa aún más, ya que la ley protege a los delincuentes en Irán.

Iman podría haber continuado y disfrutado de su vida, como otros miles de jóvenes asesinados por el régimen, pero se convirtió en víctima de la impunidad sistemática y generalizada de este.