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En su informe a la Asamblea General de la ONU, el Sr. Javaid Rehman, Relator Especial para los derechos humanos en Irán, expresó su preocupación por los intentos del régimen de destruir las pruebas de la masacre de 1988. También subrayó que las autoridades del régimen implicadas en violaciones de derechos humanos gozan de una impunidad sistemática.  

"El Relator Especial está preocupado por los intentos de las autoridades de seguir destruyendo pruebas de violaciones pasadas, incluidas las ejecuciones extrajudiciales masivas de disidentes políticos en 1988", dice el informe.

En el verano de 1988, el régimen iraní ejecutó extrajudicialmente a más de 30.000 presos políticos. La mayoría de las víctimas eran miembros y simpatizantes de la Organización Popular Mojahedin de Irán (PMOI/MEK).

El Sr. Rehman señaló en su informe que "en abril de 2021, las autoridades emitieron una orden por la que se denegaba a los bahá'ís el permiso para enterrar a sus muertos en las parcelas vacías del cementerio de Golestan Javid, el cementerio designado para los bahá'ís, obligándoles a enterrar a sus muertos entre las tumbas existentes o en la fosa común de Khavaran. Se supone que este último sitio contiene los restos de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias llevadas a cabo en 1988".

"Esta orden es la última de una serie de intentos de interferir en las pruebas de las ejecuciones, que han incluido la excavación de tumbas y el acoso a los familiares, como Maryam Akbari Monfared[1], que buscan la verdad y la rendición de cuentas", añade el informe.

Rehman criticó el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del régimen, "lo que da lugar a un clima de impunidad".

En diciembre de 2020 se publicó una carta enviada inicialmente a funcionarios del régimen en septiembre por siete expertos en derechos humanos de la ONU, entre ellos Rehman. En su carta, los expertos de la ONU subrayan que la masacre de 1988 "puede equivaler a crímenes contra la humanidad". 

También subrayaron que la inacción de la comunidad internacional en relación con la masacre de 1988 había tenido un "impacto devastador" en la "situación general de los derechos humanos" en Irán. 

El asesinato a sangre fría por parte del régimen de más de 1.500 manifestantes durante las principales protestas en Irán en noviembre de 2019, las ejecuciones en curso en Irán y la reciente opresión de los manifestantes en la provincia de Juzestán son ejemplos del "impacto devastador" de la incapacidad del mundo para hacer que el régimen rinda cuentas.  Rehman destacó en su reciente informe que "la continua impunidad en relación con la fuerza desproporcionada utilizada durante las protestas de noviembre de 2019 en todo el país, y el derribo del vuelo PS752 de Ukraine Airlines, sigue siendo emblemática del estado de impunidad."

En junio, la impunidad sistemática alcanzó su punto álgido cuando el líder supremo del régimen, Alí Jamenei, eligió a Ebrahim Raisi como nuevo presidente del régimen. Raisi desempeñó un papel clave en la masacre de 1988, fue el jefe de la judicatura del régimen durante las protestas de noviembre de 2019 y supervisó la detención y los abusos sistemáticos de los derechos humanos en las cárceles de Irán.

Cuando Raisi se convirtió en el llamado "vencedor" de las falsas elecciones del régimen en junio de 2021, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, señaló que su presidencia, "en lugar de ser investigada por los crímenes contra la humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura, es un sombrío recordatorio de que la impunidad reina en Irán."

Mientras las protestas contra la presidencia de Raisi siguen extendiéndose y aumentando en todo el mundo, las potencias occidentales continúan con su inacción, alimentando la impunidad sistemática en Irán. La Unión Europea envió a uno de sus principales diplomáticos, Enrique Mora, a la toma de posesión de Raisi el 5 de agosto.

Aceptar a Raisi como representante de Irán ante el mundo sólo permitiría al régimen aumentar aún más sus violaciones de los derechos humanos en Irán. Los líderes europeos deberían ser conscientes de que la persecución y purga sistemática de disidentes por parte del régimen no se limita a las fronteras de Irán.

El reciente juicio a Assadollah Assadi, el diplomático-terrorista de Teherán que intentó hacer estallar el mitin de la oposición en Francia en 2018, es testimonio de que hacer la vista gorda ante la violencia doméstica de los mulás tendría resultados devastadores en el exterior.

Al tratar con el violento régimen de Irán, la UE está repitiendo el mismo error que cometió durante la Segunda Guerra Mundial.

Como dijo Winston Churchill: "Un apaciguador es aquel que alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que se lo coma al final". El fallido atentado de Assadi en el corazón de Europa es una prueba de que los criminales en el poder en Irán devorarían todo lo que quisieran si no se mantuvieran firmes.

Las potencias occidentales no deben reconocer a Raisi como presidente de Irán. Deben procesarlo a él y a otros violadores de los derechos humanos para poner fin a la impunidad sistemática en Irán y a sus devastadores efectos nacionales e internacionales.