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El más alto tribunal penal de Argentina (Cámara Federal de Casación Penal) ha dictado recientemente una sentencia sin precedentes en la que atribuye a Irán la responsabilidad del devastador atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA de Buenos Aires. Este importante avance en la larga investigación califica el atentado de "crimen contra la humanidad" y designa a Irán como "Estado terrorista". La declaración del tribunal, revelada en documentos publicados el jueves 11 de abril, no sólo supone un paso crucial en la búsqueda de justicia por las 85 vidas perdidas y las casi 300 personas heridas, sino que también proporciona una vía legal a las víctimas para exigir responsabilidades.

El ataque, conocido como el atentado de la AMIA, se produjo el 18 de julio de 1994 y tuvo como objetivo el edificio de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en Buenos Aires. Fue uno de los atentados terroristas más mortíferos de la historia de Argentina. Las investigaciones apuntaron rápidamente a la implicación iraní, ya que Hezbolá y su rama Ansar Allah llevaron a cabo el atentado como representantes del régimen iraní.

A lo largo de los años, los esfuerzos por descubrir la verdad tras el atentado se enfrentaron a numerosos retos, como los intentos del régimen iraní de obstruir las investigaciones y engañar a las autoridades. Entre los implicados en el atentado había altos cargos iraníes, como el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahian y el ex comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Mohsen Rezae.

Interpol emitió notificaciones rojas contra varios funcionarios iraníes sospechosos de estar implicados en el atentado, lo que puso de relieve la dimensión internacional de la investigación. Sin embargo, la búsqueda de justicia sufrió contratiempos, como el asesinato del fiscal argentino Alberto Nisman en 2015, que estaba investigando activamente el caso. Al parecer, estaba a punto de descubrir pruebas que acusaban a la ex presidente argentina de encubrimiento.

El jueves 7 de diciembre de 2017, un juez federal de Argentina emitió órdenes de detención contra la expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, junto con varios de sus colaboradores, incluido su ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman. Se les acusaba de "traición a la patria" por haber ocultado supuestamente la participación de funcionarios del régimen iraní en el atentado contra la AMIA.

#Iran News in Brief Miguel Ángel Toma, the former Minister of National Intelligence of #Argentina, highlighted that Alberto #Nisman, the prosecutor of the AMIA bombing case, was murdered by the regime in Iran. https://t.co/jdHd6nHeZO pic.twitter.com/EEaDOjOmnx

— NCRI-FAC (@iran_policy) April 22, 2023

A pesar de estos desafíos, persistió la determinación de hacer rendir cuentas a los responsables del atentado contra la AMIA. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, que más tarde se convertiría en el Papa Francisco, fue una de las primeras figuras públicas en abogar por la justicia en el caso. Su apoyo, junto con las continuas presiones de diversos sectores, contribuyó a mantener el foco de atención sobre la investigación.

La Resistencia iraní desempeñó un papel crucial a la hora de sacar a la luz la implicación del régimen iraní en el atentado, proporcionando información fundamental y presionando para que se tomaran medidas a escala internacional. El 10 de agosto de 1994, The Washington Post publicó un artículo procedente del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI). El informe implicaba a numerosos altos cargos de Teherán, según reveló el Post.

Los esfuerzos del NCRI pusieron de relieve la necesidad de rendición de cuentas y justicia no sólo para las víctimas del atentado contra la AMIA, sino también para las innumerables víctimas del terrorismo patrocinado por Irán en todo el mundo.

La reciente sentencia judicial dictada en Argentina representa un importante paso adelante en la búsqueda de justicia para las víctimas del atentado contra la AMIA. Al responsabilizar al régimen iraní y declararlo "Estado terrorista", el tribunal envía un poderoso mensaje de que el terrorismo y sus patrocinadores no escaparán a la justicia. Sin embargo, sigue habiendo desafíos, y la comunidad internacional debe seguir apoyando los esfuerzos para combatir el terrorismo y hacer que sus autores rindan cuentas.

El atentado contra la AMIA nos recuerda con crudeza el alcance mundial y la capacidad destructiva del terrorismo de Estado. La implicación del régimen iraní en la organización de un acto tan atroz pone de relieve la necesidad de una cooperación internacional sólida para combatir el terrorismo en todas sus formas. La sentencia del tribunal no sólo ofrece una medida de cierre para las familias de las víctimas, sino que también sirve como un faro de esperanza para la justicia frente a esta violencia sin sentido.

Maryam Rajavi: Prosecutor Nisman is a martyr for peace and humanity and not just a martyr of the Argentinean people http://t.co/t6gAqimNDp

— Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) January 28, 2015

Descuidar la implicación del régimen iraní en el terrorismo no sólo socava los esfuerzos por lograr justicia por las atrocidades cometidas en el pasado, sino que también lo envalentona para perpetrar nuevos actos de violencia. El apoyo incontrolado del régimen a los grupos terroristas tiene consecuencias de largo alcance, como se ha visto en sucesos como el atentado del 7 de octubre y la tragedia actual en Gaza. Al no responsabilizar al régimen de sus actos, la comunidad internacional permite inadvertidamente que continúe su agresión y sus actividades desestabilizadoras en toda la región.

El atentado del 7 de octubre y la actual crisis en Gaza son recordatorios conmovedores del coste humano del terrorismo y de la urgente necesidad de una acción concertada para abordar sus causas profundas. El apoyo del régimen iraní a grupos militantes exacerba los conflictos y socava los esfuerzos por lograr una paz y estabilidad duraderas en Oriente Medio. Por tanto, responsabilizar al régimen de su patrocinio del terrorismo no es sólo una cuestión de justicia, sino también un paso crucial para evitar nuevos derramamientos de sangre y promover la paz en la región.