Argentina iniciará juicio en ausencia contra funcionarios del régimen iraní por el atentado de 1994 contra la AMIA
Hezbolá e Irán, acusados en un tribunal argentino por el ataque terrorista a la AMIA en 1994
Por primera vez, un tribunal federal en Argentina ha anunciado el inicio de un juicio en ausencia contra 10 personas acusadas del atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires —un ataque terrorista que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
Tras tres décadas de investigaciones, tensiones políticas y pruebas acumuladas, el juez Daniel Rafecas emitió una resolución de 148 páginas que justifica la decisión, citando la “naturaleza del crimen como crimen de lesa humanidad” y la “imposibilidad de garantizar la presencia de los imputados”.
Altos funcionarios iraníes entre los acusados
Entre los acusados figuran siete altos funcionarios del régimen iraní y tres operativos vinculados a Hezbolá. Los funcionarios iraníes mencionados son:
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Ali Fallahian, entonces Ministro de Inteligencia
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Ali Akbar Velayati, entonces Ministro de Relaciones Exteriores
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Mohsen Rezaei, entonces comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)
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Ahmad Vahidi, entonces comandante de la Fuerza Quds
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Hadi Soleimanpour, entonces embajador de Irán en Argentina
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Mohsen Rabbani, agregado cultural
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Ahmad Reza Asghari, tercer secretario en la embajada iraní
Los tres operativos de Hezbolá identificados son: Salman Raouf Salman, Abdullah Salman y Hussein Mounir.
Aunque el nombre de Akbar Hashemi Rafsanjani, entonces presidente de Irán, fue mencionado en investigaciones anteriores, ha sido excluido de la lista de enjuiciamiento debido a su fallecimiento.
También se acusa a expresidenta argentina por encubrimiento
El tribunal ha implicado asimismo a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el caso, acusándola de intentar encubrir la verdad mediante la firma de un controvertido Memorando de Entendimiento con Irán en 2013. Dicho memorando —posteriormente anulado— permitía que los sospechosos iraníes fueran interrogados en territorio iraní, una medida que los críticos consideraron como un intento deliberado de obstaculizar la justicia.
La sospechosa muerte del fiscal Nisman agrava la polémica
El juicio se celebra bajo la sombra de la muerte no resuelta y sospechosa del fiscal Alberto Nisman, quien se preparaba para presentar pruebas sobre la implicación de Irán en el atentado. El 18 de enero de 2015, Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento, pocas horas antes de declarar ante el Congreso. Su fallecimiento sigue siendo uno de los casos sin resolver más impactantes de Argentina y añadió una dimensión política aún más compleja a la investigación de la AMIA.
La Resistencia iraní saluda la decisión judicial
En un comunicado, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) celebró la decisión judicial, calificándola como un paso importante hacia la verdad. El CNRI ha sostenido durante mucho tiempo que el régimen iraní orquestó el atentado contra la AMIA y ha afirmado que Ali Khamenei, líder supremo de Irán, debe encabezar la lista de responsables.
Contexto: el atentado contra la AMIA
El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 300. Se trata del ataque terrorista más mortífero en la historia de Argentina. Desde el principio, los principales sospechosos fueron miembros de Hezbolá, presuntamente apoyados y dirigidos por la República Islámica de Irán.
A pesar de años de investigaciones, la interferencia política obstaculizó reiteradamente el avance del caso, que se vio afectado por denuncias de corrupción, irregularidades y presiones extranjeras. La misteriosa muerte del fiscal Nisman en 2015 profundizó aún más las sospechas de encubrimiento y dejó preguntas clave sin respuesta.
Una búsqueda de justicia largamente postergada
Este juicio histórico en Argentina representa un raro momento de rendición de cuentas internacional frente al terrorismo de Estado. A medida que avanzan las audiencias, observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos estarán atentos para ver si, tras más de 30 años de silencio, obstrucción e impunidad, la justicia finalmente puede prevalecer.
